busca integración en el Mercosur


Las denuncias de 13 trabajadores a dos abogados de Rivera destapó la olla. “Nibia Ramos es el terror acá en Rivera”, cuenta el empresario Daniel Álvez. “Compra demandas”, aseguró otro empresario, también enjuiciado por la abogada.

Desde el viernes, lo que era vox populi en la ciudad norteña, se convirtió en denuncia penal y civil. Trece trabajadores de una empresa forestal enjuiciaron a Ramos y a Robert Batista por estafa. Los trabajadores, representados por los abogados, ganaron juicios a la forestal por US$ 1 millón. Luego, fueron engañados por sus defensores, quienes se quedaron con más de medio millón de dólares, según los denunciantes.

La industria del juicio laboral no solo desvela a los trabajadores forestales beneficiados por la Justicia (y luego afectados por sus defensores), sino también a los empresarios de diversos rubros.

Daniel Álvez fue demandado por una señora que cuidó a su madre 11 meses. La demandante, representada por Ramos, exige a Álvez $ 1 millón 400 mil. El modus operandi es, según Álvez, el mismo que utiliza en los juicios contra las forestales: no hacenlugar para la conciliación entre las partes y exige montos millonarios.

Ernesto Ripoll, representante de Acodike en Rivera, fue demandado por no pagarle horas extras a un trabajador durante cuatro años por $ 2 millones. Ripoll asegura que Ramos “le compró la demanda” a su demandante, esto es, acordó quedarse con más de la mitad del dinero recaudado en el juicio.

Cuestión de ética
Los trece trabajadores de la forestal que entableron demandas contra sus defensores los acusan de haberles ocultado cuánto dinero ganaron en los juicios.

Uno de los integrantes del directorio del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) dijo a El Observador que “si el cliente quiere saber cuánto ganó (en el juicio), es imposible (que el abogado pueda) ocultarlo de buena fe, porque alcanza con que el cliente vaya al juzgado a ver la sentencia”. Ni Ramos ni Batista integran el Colegio de Abogados de Uruguay (CAU).

“Si el cliente ganó $100.000 y me pregunta ‘cuánto ganamos, doctor’, si yo le digo $30.000, estoy mintiendo; y la mentira puede ser parte de una conducta delictiva”, explicó la fuente, que prefirió mantener el anonimato y no opinar sobre el caso particular.

El miembro del directorio del CAU destacó, de todas maneras, que cobrar el 75% de lo ganado en el juicio (como denuncian los trabajadores que hicieron los abogados) “éticamente está mal”, aunque ello no implique necesariamente delito.

Los juicios fueron iniciados en 2004, aunque los trabajadores -y los abogados- comenzaron a cobrar el dinero seis años después. Hoy hay otros juicios en cursos similares contra las forestales.
“El arancel es guía, no es obligatorio”
Algunos trabajadores denuncian que sus abogados cobraron hasta el 75% del dinero ganado en los juicios. El estatuto del Colegio de Abogados de Uruguay establece que el monto máximo que pueden cobrar los profesionales es de 50%. “El arancel no es obligatorio, sino que es un precio de referencia, una guía”, destacó, en referencia a que los abogados por ley pueden cobrar más del 50% de lo obtenido en el juicio por sus clientes, aunque sea “una falta ética”.

Exportó cigarros, pide protección a presidente Mujica, El empresario uruguayo Gustavo Maeso le presentó una carta al presidente José Mujica, en la que le pide la protección del gobierno tras sostener que fue estafado por el gobierno de Venezuela, país al que quiso exportar cigarros que fueron en su mayoría incautados.

Maeso dice que su solicitud se ampara en la Constitución, pues fue vulnerado en su derecho de propiedad, honor, seguridad y trabajo. El empresario le pide al mandatario que retenga el pago de Ancap a Pdvsa, a cuenta del monto millonario que se le adeuda y que intervenga para una solución.

En la nota, Maeso sostiene que invirtió en Venezuela luego de un cuidadoso estudio del “Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones” con ese país y que su inversión consistió en exportar y distribuir directamente cigarros en Venezuela de dos marcas uruguayas.

Señala que el gobierno venezolano permitió que comience su emprendimiento para luego, “por intereses particulares y funcionarios del gobierno corruptos”, interceptar su inversión, “estafándome como inversor y perjurándome como persona”. Acota que se utilizó para perjudicar su emprendimiento comercial a “organismos estatales del gobierno bolivariano” como el Seniat (la DGI de Venezuela).

Maeso señala que todas las actuaciones que realizó para recuperar la mercadería que se le incautó no tuvieron respuesta y que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no es un mecanismo efectivo, porque sus fallos no son reconocidos por Venezuela.

El empresario es muy crítico del gobierno de Hugo Chávez, del que sostiene no respeta sus leyes, y afirma que el Estado uruguayo podría terminar siendo responsable por el incumplimiento de acuerdos bilaterales.

Un contador público uruguayo, en base a la información que dio Maeso, realizó un informe preliminar sobre el cálculo del lucro cesante al empresario. El total de la inversión realizada, incluyendo tres contenedores de cigarros, vehículos, campaña publicitaria, despido de personal e instalación de oficinas y depósito, fue de US$ 2.725.000.

Calculando que exportara 12 contenedores de cigarros mensuales de Venezuela durante 15 años, la estimación del lucro cesante asciende a US$ 3.250.800.000.

« Página anterior