Punta del Este


Uruguay hace historia
La Suiza de América Latina
Juan Varde (Buenos Aires, Argentina)
La Suiza de América Latina, sigue sorprendiendo gratamente a los mercados. La Republica Oriental del Uruguay ha anunciado un plan de recompra de bonos y de canje de títulos, que se realizará por medio de la emisión de deuda nueva a 33 años por un valor total que podría llegar a los 2.000 millones de dólares.

Para un país como Uruguay, que tiene una población de apenas 3,3 millones de habitantes y una PIB que suma 46.700 millones de dólares, la suma es relevante, y las condiciones en las que se ha planteado la emisión son históricas.

El Tesoro uruguayo se ha dirigido con esta oferta de títulos a los inversores que tiene deuda en euros y en dólares, con vencimientos más cercanos, para que los canjeen por este nuevo papel. En concreto, el canje está destinado a los inversores que tengan en su cartera títulos en dólares (con vencimientos en 2013, 2014, 2015, 2017, 2022, 2025 y 2027) y en euros (con plazos hasta 2016 y 2019), a quienes se valorará el papel a una cotización superior a la de mercado, y se les entregarán bonos bonos de la nueva serie con vencimiento en 2045.

Además, a quienes quieran desprenderse de títulos en moneda extranjera, que vencen en los próximos años, se les ofrecerá la posibilidad de comprárselos.

Es cierto que no será José Mujica, el actual presidente, si no su sucesor quien tendrá la responsabilidad de pagar el bono de deuda en dólares que emitió el Estado oriental. Un título a un plazo de 33 años por el que pagará una tasa de interés del 4,125%, la menor de la historia para un instrumento a tan largo plazo.

La emisión fue un éxito y el Tesoro Uruguayo acumuló peticiones por 2.000 millones y sólo tomó 853. Seguramente, porque el país atesora la liquidez necesaria para atender consistentemente los vencimientos de los proximos años.

Evidentemente, la mano de viceresidente Danilo Astori es notoria en una operación que aprovecha las excepcionales condiciones de los mercados financieros internacionales, donde hay mucha liquidez, para financiar infraestructuras a una tasa inédita, consecuencia de la confianza que genera el país en los mercados internacionales, lo que no sólo se corresponde con el “grado inversor” que recuperó este año por decisión de las agencias calificadoras, sino con el bajo índice de riesgo país que se percibe fulgurante en las pantallas internacionales la tasa de retorno de sus bonos.-

En 2006, cuando la economía uruguaya no tenía el grado de inversión, la administración de Tabaré Vázquez colocó un bono a 30 años al 7,625%. El día de la emisión, Uruguay presentaba una prima de riesgo país de 139 puntos básicos, menos que México, que estaba en 143 puntos, y que Brasil, con 160. Y obviamente muy lejos de Ecuador, con un riesgo de 810 o de Venezuela, con 946. Los hechos demuestran que Uruguay ha hecho sus deberes y ahora le toca una merecida recompensa.

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Las autoridades uruguayas expresaron hoy su convencimiento de que el comercio con Chile aumentará en los próximos años, en el marco de un encuentro empresarial en Montevideo en el que resaltaron la importancia de la inversión chilena en el país, que entre 1990 y 2011 llegó a los 1.652 millones de dólares.

El foro, titulado “Contexto y perspectivas de las inversiones en Uruguay” y organizado por la embajada de Chile en Montevideo, contó con la participación del ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Roberto Kreimerman, y el embajador chileno en Uruguay, Patricio Pradel.Kreimerman pronosticó un fuerte incremento del comercio bilateral, que tuvo su pico en 2006, luego mostró una leve caída y ha vuelto a incrementarse en los últimos años, detalla un comunicado de su ministerio.Por su parte, Pradel también subrayó las perspectivas positivas para las inversiones y los intercambios de mercancías entre ambos países y remarcó particularmente la seguridad jurídica que ofrece Uruguay.Según datos de la embajada chilena incluidos en el boletín, Uruguay ocupa el sexto lugar entre los países receptores de capitales chilenos directos.Entre 1990 y 2011, la economía uruguaya recibió inversiones de unas 60 empresas chilenas por un monto de 1.652 millones de dólares, lo que equivale al 2,6 % del total invertido en el exterior.Esas cifras se explican, sobre todo, por el desarrollo de la planta de celulosa Montes del Plata en el departamento uruguayo de Colonia, a unos 200 kilómetros al oeste de Montevideo.La fábrica, gestionada por la chilena Arauco y la finlandesa Stora Enso, es la mayor inversión realizada jamás de un solo golpe en Uruguay, con unos 2.000 millones de dólares.En el capítulo comercial, las exportaciones uruguayas a Chile, en las que la carne es el producto estrella, se situaron a noviembre de 2012 en 177 millones de dólares, mientras que las importaciones desde la nación transandina fueron de 171 millones, sobre todo de cobre y otros productos con valor agregado.

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Mujica es el primer mandatario que arriba a Brasilia, donde son esperados además la presidenta argentina, Cristina Fernández, y los jefes de Estado de Bolivia, Evo Morales, y Ecuador, Rafael Correa.

Asimismo, durante la próxima madrugada llegará el vicepresidente y canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, quien representará al jefe de Estado Hugo Chávez, actualmente en tratamiento médico en Cuba, al parecer relacionado con el cáncer que le fue diagnosticado en 2011.

El Mercosur tiene como miembros plenos a Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Paraguay, este último suspendido desde junio pasado por la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, por lo que el actual mandatario de ese país, Federico Franco, tampoco estará presente.

En los casos de Bolivia y Ecuador, se prevé que en la reunión de mañana Morales y Correa formalicen el interés de sus países de pasar a ser miembros plenos del Mercosur, lo cual llevaría al inicio de un proceso de adhesión similar al que cumplió Venezuela.
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Los miembros que asistieron a la cumbre que se realizó en Lima, lo acordaron a pedido de Argentina.

UnasurPor unanimidad rechazaron el referéndum por Malvinas. Cristina no fue a la reunión.
La Unasur acordó ayer en Lima, Perú, la necesidad de limitar el accionar de los fondos buitre y manifestó un rechazo unánime al referéndum que se convocó para marzo en las Islas Malvinas para resolver el estatus político del archipiélago.

También se acordó desarrollar 31 proyectos “emblemáticos” de integración regional, con una inversión de U$S17.000 millones, y esperar al desarrollo de las elecciones en Paraguay para resolver sobre la suspensión de ese país.

Los dos puntos que impulsaba la Argentina finalmente quedaron plasmados en el documento final aprobado de la reunión, destacó el vicepresidente Amado Boudou, quien asistió a la cumbre en la capital peruana en remplazo de las presidenta Cristina Fernández, quien a último momento canceló su viaje por un cuadro de “lumbalgia”.

“Fue una reunión realmente importante por dos puntos que quedaron marcados en el comunicado final. Uno de ellos es un rechazo explícito de la Unasur a la autodeterminación y el referéndum que se planea llevar adelante en Malvinas, así como a su eventual resultado”, informó Boudou.

Señaló que este punto, aprobado por todos los países sudamericanos, “reafirma la posición de la Argentina y de la ONU del año 1985” sobre la cuestión Malvinas, lo que calificó de “éxito político para la Presidenta, pero sobre todo para el pueblo argentino”.

Por otro lado, celebró la inclusión en el documento final de la cumbre de jefes de Estado la iniciativa argentina para avanzar con la imposición de límites contra los denominados “fondos buitre”, luego del fallo negativo del juez estadounidense Thomas Griesa que benefició a los tenedores de deuda que aceptaron la propuesta de canje.

Incluso, Boudou dijo que se estudia la posibilidad de que la Unasur convoque para febrero próximo a una reunión extraordinaria para tratar el tema de los fondos buitre y otros estrechamente relacionados, como el caso de las calificadoras de riesgo, a los que Cristina Fernández englobó dentro de lo que dio a llamar “colonialismo judicial”.

“Esos fondos buitre son factores de desestabilización, pero también de ruina para los países centrales, porque no pagan impuestos en ningún lado. E intentan no permitir que los países y sus acreedores lleguen a acuerdos voluntarios, como pasó con Argentina, donde el 93% aceptó la propuesta”, puntualizó .

Ante eso, Boudou señaló: “Hemos traído el mensaje de la Presidenta sobre la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional, porque la crisis continúa, y trajimos propuestas concretas aquí a la reunión de Unasur, que consisten en cuatro ejes”.

El primero de los puntos de la propuesta argentina apunta a la necesidad de “tener mecanismos para la reestructuración de deudas soberanas y otro de ellos reclama “rever los TBI” (Tratados Bilaterales Internacionales), informó el funcionario.

Otro punto pide “la resignificación del (tribunal internacional) del CIADI” y el hecho de “buscar mecanismos alternativos” para dirimir conflictos entre países y empresas.

Al respecto, el vicepresidente consideró que el CIADI “no da respuestas equitativas y siempre tiene un concepto a favor de las empresas transnacionales; entonces eso no es justicia, sino que son procesos muy sesgados”.

Sin embargo, el eje central de la propuesta es el que reclama “la necesidad urgente de rever las calificadoras de riesgo”, para lo que la Argentina pidió “una reunión extraordinaria para el mes de febrero, para que todo esto no quede en retórica

Las denuncias de 13 trabajadores a dos abogados de Rivera destapó la olla. “Nibia Ramos es el terror acá en Rivera”, cuenta el empresario Daniel Álvez. “Compra demandas”, aseguró otro empresario, también enjuiciado por la abogada.

Desde el viernes, lo que era vox populi en la ciudad norteña, se convirtió en denuncia penal y civil. Trece trabajadores de una empresa forestal enjuiciaron a Ramos y a Robert Batista por estafa. Los trabajadores, representados por los abogados, ganaron juicios a la forestal por US$ 1 millón. Luego, fueron engañados por sus defensores, quienes se quedaron con más de medio millón de dólares, según los denunciantes.

La industria del juicio laboral no solo desvela a los trabajadores forestales beneficiados por la Justicia (y luego afectados por sus defensores), sino también a los empresarios de diversos rubros.

Daniel Álvez fue demandado por una señora que cuidó a su madre 11 meses. La demandante, representada por Ramos, exige a Álvez $ 1 millón 400 mil. El modus operandi es, según Álvez, el mismo que utiliza en los juicios contra las forestales: no hacenlugar para la conciliación entre las partes y exige montos millonarios.

Ernesto Ripoll, representante de Acodike en Rivera, fue demandado por no pagarle horas extras a un trabajador durante cuatro años por $ 2 millones. Ripoll asegura que Ramos “le compró la demanda” a su demandante, esto es, acordó quedarse con más de la mitad del dinero recaudado en el juicio.

Cuestión de ética
Los trece trabajadores de la forestal que entableron demandas contra sus defensores los acusan de haberles ocultado cuánto dinero ganaron en los juicios.

Uno de los integrantes del directorio del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) dijo a El Observador que “si el cliente quiere saber cuánto ganó (en el juicio), es imposible (que el abogado pueda) ocultarlo de buena fe, porque alcanza con que el cliente vaya al juzgado a ver la sentencia”. Ni Ramos ni Batista integran el Colegio de Abogados de Uruguay (CAU).

“Si el cliente ganó $100.000 y me pregunta ‘cuánto ganamos, doctor’, si yo le digo $30.000, estoy mintiendo; y la mentira puede ser parte de una conducta delictiva”, explicó la fuente, que prefirió mantener el anonimato y no opinar sobre el caso particular.

El miembro del directorio del CAU destacó, de todas maneras, que cobrar el 75% de lo ganado en el juicio (como denuncian los trabajadores que hicieron los abogados) “éticamente está mal”, aunque ello no implique necesariamente delito.

Los juicios fueron iniciados en 2004, aunque los trabajadores -y los abogados- comenzaron a cobrar el dinero seis años después. Hoy hay otros juicios en cursos similares contra las forestales.
“El arancel es guía, no es obligatorio”
Algunos trabajadores denuncian que sus abogados cobraron hasta el 75% del dinero ganado en los juicios. El estatuto del Colegio de Abogados de Uruguay establece que el monto máximo que pueden cobrar los profesionales es de 50%. “El arancel no es obligatorio, sino que es un precio de referencia, una guía”, destacó, en referencia a que los abogados por ley pueden cobrar más del 50% de lo obtenido en el juicio por sus clientes, aunque sea “una falta ética”.

Exportó cigarros, pide protección a presidente Mujica, El empresario uruguayo Gustavo Maeso le presentó una carta al presidente José Mujica, en la que le pide la protección del gobierno tras sostener que fue estafado por el gobierno de Venezuela, país al que quiso exportar cigarros que fueron en su mayoría incautados.

Maeso dice que su solicitud se ampara en la Constitución, pues fue vulnerado en su derecho de propiedad, honor, seguridad y trabajo. El empresario le pide al mandatario que retenga el pago de Ancap a Pdvsa, a cuenta del monto millonario que se le adeuda y que intervenga para una solución.

En la nota, Maeso sostiene que invirtió en Venezuela luego de un cuidadoso estudio del “Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones” con ese país y que su inversión consistió en exportar y distribuir directamente cigarros en Venezuela de dos marcas uruguayas.

Señala que el gobierno venezolano permitió que comience su emprendimiento para luego, “por intereses particulares y funcionarios del gobierno corruptos”, interceptar su inversión, “estafándome como inversor y perjurándome como persona”. Acota que se utilizó para perjudicar su emprendimiento comercial a “organismos estatales del gobierno bolivariano” como el Seniat (la DGI de Venezuela).

Maeso señala que todas las actuaciones que realizó para recuperar la mercadería que se le incautó no tuvieron respuesta y que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no es un mecanismo efectivo, porque sus fallos no son reconocidos por Venezuela.

El empresario es muy crítico del gobierno de Hugo Chávez, del que sostiene no respeta sus leyes, y afirma que el Estado uruguayo podría terminar siendo responsable por el incumplimiento de acuerdos bilaterales.

Un contador público uruguayo, en base a la información que dio Maeso, realizó un informe preliminar sobre el cálculo del lucro cesante al empresario. El total de la inversión realizada, incluyendo tres contenedores de cigarros, vehículos, campaña publicitaria, despido de personal e instalación de oficinas y depósito, fue de US$ 2.725.000.

Calculando que exportara 12 contenedores de cigarros mensuales de Venezuela durante 15 años, la estimación del lucro cesante asciende a US$ 3.250.800.000.

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